“Narcogobierno: el costo real de la impunidad”
Acusaciones apuntan a protección de redes de huachicol y narcotráfico por Morena; la ciudadanía demanda rendición de cuentas.
9/27/20251 min read
Que un partido pase de gobernar con promesas a gobernar bajo la sospecha de un “narcogobierno” es una transición letal para la vida pública. Las recientes acusaciones en público han resonado en medios nacionales e internacionales, describen un patrón: protección política a operadores señalados por tráfico de fentanilo, huachicol y otras actividades ilícitas, además de posibles flujos económicos opacos que beneficiaron a personas cercanas a la cúpula morenista.
Adán Augusto López, figura central en estas controversias, atraviesa el peor momento de su carrera: reportajes recientes señalan transferencias millonarias cuestionables y vínculos con excolaboradores sindicados por nexos criminales. Aunque el entorno morenista responde con descalificaciones y negaciones, la acumulación de señalamientos y la intervención de la arena internacional convierten las versiones en un problema estructural, no en simples difamaciones.
El huachicol fiscal, ese saqueo que antes muchos creían superado, reaparece en los documentos y denuncias que evidencian cómo la sustracción de combustibles y el contrabando siguen dejando millones en pérdidas. Cuando los mecanismos de control fallan y la Fiscalía no actúa con contundencia, el caldo de cultivo se convierte en el beneficio para redes criminales con protección política. Eso, en términos llanos, se llama impunidad institucional.
La respuesta de Morena —cerrar filas y tildar todo de campaña— no apaga el reclamo ciudadano: si hay indicios de que figuras públicas facilitaron o toleraron estos esquemas, la rendición de cuentas no puede limitarse a discursos. El país exige investigaciones independientes que lleguen hasta las últimas consecuencias y que no se queden en declaraciones de prensa.
Si las acusaciones prosperan, el veredicto popular será implacable: no solo se tratará de remover a individuos, sino de reconstruir la confianza de un Estado que, de confirmarse estos patrones, habría sido permeado por redes que se beneficiaron de su propia debilidad. Es hora de que la ley hable más alto que las artimañas políticas.