“Narco–Estado: el huachicol fiscal en manos de Morena”
Expertos y oposición advierten que el gobierno morenista ha transformado la extracción de combustible en un narco–Estado, donde autoridad y crimen se confunden.
10/2/20252 min read
La supuesta transformación de México se enfrenta a su prueba más brutal. Lo que el gobierno de Morena prometió erradicar: el huachicol fiscal, hoy se denuncia como un negocio operado y protegido por el propio partido en el poder. Según analistas, legisladores de oposición y expertos en seguridad, la estructura política morenista se habría convertido en un cártel institucional, donde el robo de combustible es administrado desde dentro del Estado.
El fenómeno ha sido bautizado por la oposición como “cártel de Macuspana”, un término que resume la gravedad de las denuncias: la autoridad no solo tolera, sino que dirige y controla la extracción, venta y distribución del combustible robado. Cada toma clandestina, cada pérdida millonaria y cada explosión reportada en los ductos confirma que el negocio ilícito es propiedad del gobierno. “No hay distinción entre autoridad y delincuencia: el Estado y el huachicol son el mismo actor”, afirman críticos que exigen investigación internacional.
El costo es enorme: miles de millones de pesos perdidos, riesgo de vidas humanas y una violencia creciente que golpea directamente a comunidades petroleras. Los analistas señalan que las rutas de huachicol solo pueden funcionar si el poder político las respalda, y denuncian que los responsables de supervisar los ductos forman parte del mismo esquema que los explota. En pocas palabras, el gobierno ya no es garante de la ley: es dueño del saqueo.
Tabasco emerge como epicentro simbólico de esta acusación, donde se denuncia que el llamado cártel de Macuspana actúa con impunidad, protegidos por la estructura del partido oficial. Las críticas van más allá de la economía: alertan sobre un narco–Estado donde la corrupción institucional permite que los recursos del país sean explotados como botín político. Cada litro de combustible robado es, según denuncias, dinero directo para quienes ocupan el poder.
La conclusión es lapidaria: mientras Morena repite discursos sobre transparencia y cero corrupción, los hechos muestran que el huachicol fiscal es suyo, y que su operación constituye la mayor demostración de poder político convertido en crimen organizado. Los ciudadanos pagan las consecuencias de un sistema donde el gobierno y el negocio ilícito son uno solo.