México en deuda: la falta de Inclusión indígena en la Reforma Judicial

Durante la conferencia magistral “La representación política de la población indígena”, la magistrada Janine Otálora denunció una grave omisión en la reciente reforma al Poder Judicial: la falta de inclusión de las comunidades indígenas. Esta exclusión perpetúa una historia de marginación para los habitantes de estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, regiones con una alta densidad de población indígena.

Otálora subrayó que el 25% de la población mexicana pertenece a comunidades indígenas, pero su representación en la Judicatura es prácticamente inexistente. Esta carencia no solo afecta el acceso a la justicia, sino también su participación en decisiones que impactan directamente sus derechos y territorios. “Es fundamental que México reconozca y garantice el derecho de los pueblos indígenas a ocupar cargos dentro del sistema judicial”, afirmó.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha avanzado en la creación de jurisprudencia para proteger a los grupos discriminados, pero la magistrada advirtió que dichos esfuerzos no son suficientes sin una reforma estructural que asegure la participación activa de las comunidades indígenas en las instituciones judiciales.

Otálora también hizo un llamado a los legisladores para que trabajen en un marco de actuación estatal que elimine cualquier forma de exclusión. “Garantizar la representación indígena en la Judicatura no es solo un derecho constitucional; es una deuda histórica que el Estado mexicano debe saldar”, añadió.

Además, enfatizó que esta inclusión no es únicamente un acto de justicia, sino una necesidad para construir una democracia sólida y equitativa. La magistrada insistió en que la diversidad debe ser un principio rector en el sistema judicial, asegurando que todos los sectores de la población tengan igualdad de condiciones en la toma de decisiones.

Concluyó señalando que la justicia en México no será completa mientras las comunidades indígenas sigan siendo excluidas. “La representación política y judicial de estos grupos no es una opción, es una responsabilidad del Estado para garantizar una verdadera igualdad”, finalizó.