¡México al borde del narcoestado! Sheinbaum le dice “NO” a la DEA y deja al país hundido en la violencia

Negar el acuerdo del Proyecto Portero no fue un acto de soberanía ni de dignidad, sino un gesto de cobardía política. En plena emergencia humanitaria por la violencia, el gobierno de Morena prefirió desmarcarse de un esfuerzo binacional con la DEA que buscaba desmantelar a los “guardianes” del narco, esas estructuras criminales que controlan corredores ilegales y destruyen vidas. Esta negación desmiente el discurso de liderazgo y solidaridad internacional; en realidad, habla de abandono.

México ya se hunde en la violencia: en la última década, el índice nacional de homicidios creció un 55 %, sumando más de 300 mil asesinatos, mientras que los crímenes con armas de fuego se dispararon un 71 %. En 2023, el país estuvo entre los más afectados mundialmente en violencia organizada, con sus propias regiones convertidas en focos de guerra narco-política. Y aun así, se rechaza una estrategia coordinada que podría ofrecer algún respiro.

Los estados más golpeados no perdonan: Colima registró 117 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi cinco veces más que el promedio nacional (24). Guanajuato, escenario de masacres como la de Irapuato (12 muertos en una fiesta), concentra más de 3 000 homicidios al año, más del doble del resto de la media nacional. Estos territorios son tierra de nadie donde el ejército criminal decide, no el Estado.

En Sinaloa se libra una guerra interna por el liderazgo del cártel, que en meses recientes cobró decenas de vidas, incluidas infancias. Mientras tanto, en estados como Michoacán, Tabasco, Chiapas, o Tamaulipas, el control criminal sobre regiones enteras está más fortalecido que nunca. La violencia no retrocede, se diversifica y domina.

Los números duros hablan de abandono institucional: solo el 1 % de los delitos se investigan o se castigan, según el Índice de Impunidad Global, mientras el crimen organizado opera ya en el 81 % de los municipios. Con esa debilidad estructural, negarse a colaborar con una operación anticrimen transfronteriza es fomentar el desgaste del Estado y darle vía libre a los cárteles.

Y aunque se presume de incautaciones récord —más de 178 toneladas de drogas y 3 millones de pastillas de fentanilo—, la cantidad de desaparecidos sigue creciendo: solo en 2025 se reportaron 8 mil nuevas desapariciones, México vive una crisis de derechos humanos en temas de desaparición, pero el gobierno federal ha decidido silenciarla. En este escenario donde el horror es cotidiano, decir “no” a un mecanismo de presión legal y táctica es traicionar a las víctimas y a quienes aún creen en el Estado.

El gobierno de Morena, al rechazo del Proyecto Portero, optó por maquillar la realidad con solemnidades y discursos de “soberanía”. Pero México no necesita más gestos; necesita gente detrás del buró que actúe. La negativa refuerza la narrativa de un Estado capturado por el narco: un narcoestado donde el miedo manda, las instituciones flaquean y las familias están desprotegidas.

Rechazar el acuerdo con la DEA no fue un acto de “defensa de la soberanía”, fue la coartada perfecta de Claudia Sheinbaum para no ponerle la soga al cuello al narcopartido que hoy gobierna México. Porque aceptar el “Proyecto Portero” significaba abrir la caja de Pandora: exhibir las complicidades, los financiamientos turbios y las rutas de protección política que Morena le ha dado al crimen organizado. Habría salido a la luz lo que periodistas valientes —y hoy muertos— ya habían señalado, lo que líderes opositores perseguidos denunciaron y lo que la violencia cotidiana grita en cada estado dominado por los cárteles. La negativa no es inocente, es la confesión tácita de un gobierno que sabe que, si se levanta la alfombra, la podredumbre narcopolítica se desborda sin remedio.