"La gran mentira de Layda Sansores: La expropiación por la universidad es la cortina de humo de Morena para quitar propiedades"
La universidad de Miramar es solo un pretexto de Layda Sansores para expropiar; la inacción de Sheinbaum convierte a la presidencia en cómplice política del despojo.
9/30/20251 min read
La expropiación de cuatro predios en Miramar, Campeche, demuestra que Layda Sansores utiliza la ley como instrumento de abuso político. La gobernadora ha afirmado repetidamente que Claudia Sheinbaum respalda su gestión, mostrando que sus decisiones cuentan con protección federal. La construcción de una universidad, supuestamente justificada como obra de utilidad pública, es en realidad un pretexto para despojar a opositores y consolidar su poder político.
El procedimiento exprés —solo cinco días para ejecutar la expropiación, con pagos muy por debajo del valor real— evidencia que la universidad no es un proyecto social, sino un instrumento de venganza política. La gobernadora ha destacado que cuenta con el respaldo de Claudia Sheinbaum, lo que convierte a la presidenta en corresponsable política de estos abusos y legitima la arbitrariedad.
El historial patrimonial de Layda refuerza el contexto de abuso: entre 2017 y 2021 ocultó 26 de sus 34 propiedades, adquirió terrenos a precios irrisorios y desapareció registros, incluyendo terrenos en Chiapas comprados a $2.24 y $1.50 por metro cuadrado. Otro ejemplo es un terreno de 11,699 metros cuadrados recibido como donación en 2016, con un valor de 2.14 pesos por metro cuadrado. Claudia Sheinbaum, al no intervenir ni cuestionar estas prácticas, comparte la responsabilidad política de estos abusos.
Si la universidad no existe ni se demuestra su necesidad, la expropiación se convierte en un ataque político. Layda insiste en que su respaldo federal la protege, y el silencio de Claudia Sheinbaum legitima el despojo, reforzando la percepción de complicidad del gobierno federal.
En conclusión, la expropiación en Miramar revela cómo Morena, bajo Layda Sansores, utiliza leyes como herramientas de persecución política. Claudia Sheinbaum, al permitir que estas acciones continúen, se convierte en responsable política de los abusos, dejando a la ciudadanía sin protección frente a la arbitrariedad.