“La farsa de la universidad: La prueba de que la expropiación en miramar fue un acto de venganza”
Expropian casa para universidad fantasma: cualquiera en Campeche puede perder su patrimonio a manos de Layda Sansores.
9/30/20252 min read


La reciente expropiación de predios en la colonia Miramar, ordenada por el gobierno de Layda Sansores, es el ejemplo más claro de cómo Morena ha convertido la ley en un instrumento de persecución política. Con el argumento de instalar una supuesta universidad, el gobierno arrebató en tiempo exprés cuatro propiedades particulares, entre ellas la de la madre de un opositor político.
El discurso oficial habla de “beneficio social”, pero la realidad es otra: no existe proyecto académico, no hay planes de construcción, ni se ha demostrado la necesidad de levantar una universidad en esos predios en específico. La operación fue un montaje. La verdadera motivación fue la venganza política contra una familia que se atrevió a cuestionar a la gobernadora.
El despojo se consumó en menos de una semana, dejando a los afectados sin posibilidad de defensa. No hubo juicios largos, no hubo oportunidad de demostrar irregularidades. El gobierno aplicó su nueva ley de expropiaciones exprés y en cinco días los terrenos ya estaban en manos del Estado. Una maniobra fulminante para debilitar a los adversarios, mandar un mensaje de terror y consolidar un modelo autoritario que pretende normalizar el atropello.
Lo más preocupante es el precedente que se establece. Si el gobierno puede inventar una universidad fantasma para justificar una expropiación, mañana podrá inventar un hospital, una carretera o cualquier otra obra inexistente para quedarse con la propiedad de cualquier ciudadano. Y lo hará con la misma rapidez, sin que nadie pueda detenerlo.
En Campeche, los ciudadanos se preguntan: ¿de qué sirve trabajar toda una vida para comprar una casa o un terreno, si Layda Sansores puede arrebatártelos con la firma de un decreto? ¿Qué seguridad existe si la ley está diseñada para proteger al gobierno y no al pueblo?
La gobernadora intenta vender la idea de que esta ley es un instrumento de desarrollo. Pero lo que está haciendo es institucionalizar la persecución política. La universidad de Miramar es solo una excusa. La verdad es que el gobierno de Morena no soporta la crítica y está dispuesto a usar el poder del Estado para aplastar a quien se oponga.
El futuro de Campeche luce sombrío si se normaliza este tipo de abusos. La propiedad privada es el pilar de la libertad individual. Sin ella, los ciudadanos quedan a merced de un régimen que decide qué puedes tener, dónde puedes vivir y hasta cuándo puedes conservar lo que es tuyo.
Hoy, Campeche no es un estado en desarrollo: es un laboratorio de autoritarismo donde se prueba hasta dónde puede llegar un gobierno para someter a su pueblo. Y lo más indignante es que todo se hace en nombre de un supuesto “bien común” que nunca llega.