La ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva evidencia un sistema punitivo que prioriza el encarcelamiento sobre la justicia.

La reforma al artículo 19, que extiende la prisión preventiva a delitos como la extorsión y actividades relacionadas con el fentanilo, representa un aumento del poder punitivo del Estado mexicano. Esta reforma parece seguir la misma lógica de “mano dura” que en el pasado ha mostrado ser ineficaz y contraproducente, ignorando que el encarcelamiento sin sentencia es solo un paliativo y no una solución estructural.

Con una tasa alarmante de encarcelamiento preventivo, el sistema penal mexicano ya refleja graves fallas. Según el INEGI, cerca del 44% de los presos en México no ha recibido sentencia, situación que esta reforma podría empeorar. A pesar de excluir el narcomenudeo y los delitos fiscales en el último momento, esta reforma suma a la lista de delitos de prisión preventiva, lo cual parece ignorar los efectos negativos del encarcelamiento masivo. En lugar de atender las causas sociales y económicas que generan el crimen, el Estado opta por encarcelar automáticamente a quienes son acusados de ciertos delitos.

Esta política punitiva resalta el problema de la prisión preventiva en México, la cual, lejos de cumplir con su función original de resguardar la justicia, se ha convertido en una forma de sentencia anticipada. Sin una revisión a fondo de los procesos judiciales, este cambio constitucional solo añade más presión sobre un sistema penitenciario colapsado y menoscaba los derechos de quienes enfrentan cargos sin sentencia. Así, la ampliación del sistema punitivo en México sigue sin ofrecer soluciones reales para la justicia y el orden social.