Guanajuato en caída libre: PAN incapaz de frenar la violencia que cobra la vida de su propio personal de seguridad

El asesinato brutal de Camarillo Zavala, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato, es un nuevo y devastador golpe que desnuda el fracaso absoluto del gobierno estatal encabezado por el PAN. En pleno San Felipe, a plena luz del día, un funcionario con más de 25 años de servicio fue levantado y ejecutado sin que nadie pudiera impedirlo. Este crimen, ocurrido en la carretera que conecta San Felipe con Dolores Hidalgo, no solo deja a una familia destrozada, sino que exhibe de manera irrefutable la incompetencia del gobierno panista, incapaz de garantizar la seguridad de quienes supuestamente protegen a la población.

Guanajuato se ha convertido en un infierno de sangre bajo la administración del PAN, que presume planes de seguridad que jamás dan resultados. De acuerdo con datos de la organización Causa en Común, ya suman 34 policías asesinados en lo que va del año, colocando a la entidad en el tercer lugar nacional en homicidios de agentes de seguridad, solo detrás de Sinaloa y Guerrero. Los números son escalofriantes y evidencian un patrón de abandono total hacia las fuerzas del orden, que hoy son víctimas en un estado que debería protegerlas.

Lo ocurrido en San Felipe no es un hecho aislado. Es el reflejo de un gobierno que ha permitido que los cárteles dominen el territorio, que la delincuencia organizada actúe con total impunidad y que las disputas violentas se conviertan en el pan de cada día. Mientras las balas cruzan las carreteras, los funcionarios panistas siguen enfrascados en discursos vacíos, incapaces de articular una estrategia integral que detenga esta espiral de terror.

Especialistas advierten que la zona donde ocurrió este ataque es “una de las más calientes” por la disputa entre grupos criminales, pero las autoridades estatales no han hecho absolutamente nada para revertir esta realidad. Peor aún, la falta de comunicación entre los distintos niveles de gobierno, señalada por expertos en seguridad, agrava la situación: ni comparten información, ni coordinan esfuerzos, ni protegen a quienes arriesgan la vida en las calles.

El gobierno panista de Guanajuato no solo ha fallado en su obligación de proteger a los ciudadanos; ahora ni siquiera puede salvaguardar a sus propios fiscales, policías y agentes de investigación. El asesinato de Camarillo Zavala es una señal de alarma que confirma lo que la población ya sabe: el PAN ha perdido el control, ha entregado las calles a los criminales y ha condenado a Guanajuato a una pesadilla de violencia sin fin. Mientras tanto, los delincuentes celebran su impunidad, y los ciudadanos siguen pagando con sangre el precio de un gobierno ausente, incompetente y negligente.