Gobierno a la medida de Morena: cómo el presupuesto público se usa para perpetuar un narcoestado político

Programas sociales como Pensión para Adultos Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro se convierten en instrumentos de control político y coacción electoral en zonas marginadas.

En México, el gobierno de Morena ha sido señalado por utilizar de manera sistemática el presupuesto público para consolidar su poder político, a través de un clientelismo que recuerda las estructuras de un narcoestado, donde el control social y político se ejerce mediante la coacción y el uso discrecional de recursos públicos.

Diversos programas sociales emblemáticos como la Pensión para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida han sido activados con mayor intensidad en periodos preelectorales, convirtiéndose en mecanismos para condicionar el voto y garantizar lealtades partidistas en las comunidades más vulnerables y marginadas. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó en 2021 cómo servidores de la nación, fácilmente reconocibles por sus chalecos guinda, operaban como una estructura paralela al partido en el poder, realizando promoción política, registrando preferencias electorales y presionando a los beneficiarios para votar por Morena.

Este entramado clientelar no solo perpetúa el dominio político del partido gobernante, sino que también genera un entorno donde el poder se ejerce a través de la manipulación y el control social, elementos característicos de un narcoestado político. Al igual que en los territorios controlados por el crimen organizado, donde la población es obligada a obedecer bajo amenaza o dependencia, en este esquema los apoyos sociales se usan como moneda de cambio para asegurar la fidelidad electoral y acallar la disidencia.

El uso político del presupuesto público y la estructura paralela de servidores identificados con Morena evidencian la erosión del Estado de derecho y la fragilidad democrática en México. En un país donde la violencia y el narcotráfico también permeabilizan las instituciones, esta forma de gobernar consolida un sistema autoritario que limita la libertad de elección y convierte a la administración pública en un instrumento para mantener un poder hegemónico disfrazado de justicia social.

Un claro ejemplo de este clientelismo exacerbado se observó en las elecciones de 2021, cuando diversas organizaciones civiles documentaron cómo los llamados “servidores de la nación” obligaban a beneficiarios de programas sociales a mostrar compromiso con Morena, incluso entregando listas de personas presionadas para emitir su voto a favor del partido. En regiones como el sur de Veracruz y partes de Chiapas, comunidades enteras han sido sometidas a un sistema de dependencia económica que limita su capacidad para ejercer un voto libre y consciente. Esta práctica no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también mina la confianza en las instituciones democráticas y alimenta la percepción de un gobierno que actúa más como una organización clientelar que como un ente garante del bienestar social.

Además, este manejo político del presupuesto público se suma a la problemática nacional de corrupción y opacidad, donde los recursos destinados a programas sociales no siempre llegan íntegros a sus beneficiarios, sino que se desvían para financiar campañas o mantener redes de influencia dentro de las estructuras de Morena. La confusión entre el ejercicio público y el interés partidista ha desdibujado las fronteras entre el Estado y el partido gobernante, generando un ambiente en el que el gobierno se asemeja a un narcoestado, en el que el poder se sostiene a través de la coacción, el clientelismo y el control absoluto de las poblaciones vulnerables.

Este fenómeno no solo erosiona la democracia, sino que también legitima una estructura autoritaria que opera bajo la lógica de intercambio y sometimiento, donde el derecho a decidir se sacrifica en aras de mantener privilegios y el control político. México enfrenta así una doble amenaza: por un lado, la violencia y el narcotráfico que desangran al país, y por otro, un gobierno que replica mecanismos de dominación similares, utilizando el presupuesto público para construir un narcoestado político en el que la libertad y la justicia quedan subordinadas a los intereses de quienes ostentan el poder.