La Fiscalía de Querétaro ha generado indignación nacional al solicitar tres años de prisión y una compensación económica al agresor de una menor violada, acusándola de homicidio tras un aborto espontáneo. Citlalli Hernández, Secretaria de la Mujer, intervino en el caso, declarando la situación como “inadmisible” e “ilegal” y suspendiendo los cargos. Este proceder muestra cómo las políticas de la Fiscalía, encabezadas por el fiscal Víctor Mendoza, fallan en brindar justicia a las víctimas y, en cambio, refuerzan la opresión. La falta de sensibilidad y perspectiva en los procesos judiciales exige una revisión urgente.