Callar a las madres: el narcoestado de Morena y su guerra contra quienes buscan justicia

Lejos de reconocerlas como víctimas del horror, el gobierno de Morena ha criminalizado y deslegitimado a las madres buscadoras. Ellas no solo escarban la tierra, también desentierran verdades que el poder quiere ocultar.

En un país donde más de 100 mil personas están desaparecidas, las madres buscadoras se han convertido en un símbolo de dignidad, valentía y resistencia. Sin embargo, el gobierno encabezado por Morena, en lugar de brindarles respaldo y justicia, ha optado por tratarlas como adversarias. Las ha minimizado, ignorado, estigmatizado y en más de un caso, incluso puesto en riesgo. En vez de verlas como víctimas de una tragedia nacional, el Estado las ha posicionado como una oposición incómoda que cuestiona la narrativa del supuesto “cambio” que prometió la llamada Cuarta Transformación.

Uno de los ejemplos más dolorosos y recientes ocurrió en Teuchitlán, Jalisco, en marzo de 2025, el colectivo de madres buscadoras “Guerreros Buscadores de Jalisco” ingresó al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, tras una pista anónima que reveló su uso por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de adiestramiento, secuestro y asesinato. En el lugar hallaron aproximadamente 200 pares de zapatos, cientos de prendas, maletas y fragmentos óseos calcinados, evidencia concreta de desapariciones forzadas o ejecuciones sistemáticas. Los reportes de la Secretaría de Ciencia confirmaron concentraciones de ceniza, pero las autoridades locales, incluidas Fiscalía de Jalisco y Guardia Nacional, fueron acusadas de negligencia: permitieron la alteración del lugar, negaron hallazgos de hornos crematorios e involucraron cambios en la escena antes de que la Fiscalía General de la República asumiera el caso.

En contraste, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña despreció públicamente el hallazgo, cuestionando que aquellos zapatos pertenezcan a desaparecidos y calificando las denuncias de un “campañón carroñero” que busca golpear al gobierno de Morena. Afirmó que “hay 200 zapatos ahí, sí. ¿Pero quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas…?”, lo que fue recibido como una agravio brutal por las familias y colectivos que han perdido a sus hijos e hijas. El tono institucional refuerza el mensaje: minimizar el horror para proteger la narrativa oficial, ignorando el dolor y la exigencia de justicia de quienes hallaron más pruebas que las propias autoridades.

Otro caso emblemático es el de Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, quien ha sido sistemáticamente acosada por su labor. En lugar de ofrecerle protección, el gobierno la ha ignorado y desmentido públicamente, incluso cuando descubrió restos humanos en puntos donde las autoridades se negaban a buscar. Su lucha ha sido tan incómoda para el poder que ha sufrido campañas de desprestigio y amenazas, sin recibir apoyo ni del Ejecutivo federal ni de la Comisión Nacional de Búsqueda, organismo debilitado y desmantelado durante la gestión de Morena.

Asimismo, en Veracruz, estado que fue gobernado por el morenista Cuitláhuac García, las madres del colectivo “Solecito” denunciaron la falta de voluntad de las autoridades para investigar los más de 400 cuerpos hallados en fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe. A pesar de la magnitud del hallazgo, la fiscalía fue omisa y lenta, y los familiares siguen esperando justicia y verdad. A la par, se han registrado presiones y vigilancia contra las integrantes del colectivo, lo que apunta a un intento de frenar su labor de denuncia.

El desprecio del gobierno de Morena hacia estas mujeres tiene una explicación: ellas exponen el fracaso de su narrativa de paz y justicia, y revelan una verdad aún más incómoda: la colusión del Estado con el crimen organizado, así como la inacción deliberada ante las desapariciones. El hecho de que sean las madres —sin presupuesto, sin armas, sin protección— quienes encuentren más cuerpos que las fiscalías, demuestra el nivel de descomposición institucional en México. Y lejos de agradecerles, el gobierno las hostiga.

La Cuarta Transformación no solo ha fallado en dar justicia: ha convertido a las víctimas en enemigas del régimen. Criminalizar a las madres buscadoras es encubrir al narco, es perpetuar el narcoestado, es negar la humanidad de quienes, cada día, salen a rascar la tierra con las manos, esperando encontrar siquiera un hueso que les devuelva el derecho al duelo. Esa es la tragedia de este país, y ese es el rostro de un gobierno que prometió no mentir, no robar y no traicionar… y ha hecho todo lo contrario.