Adán Augusto, el alfil de López Obrador, hundido por el narco: su jefe policiaco ligado al CJNG

El escándalo que sacude a Morena alcanza un punto crítico con los presuntos vínculos entre Adán Augusto López, senador y exgobernador de Tabasco, y su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H”. Documentos de inteligencia militar filtrados (Guacamaya Leaks) revelan que Bermúdez fue identificado desde 2021 como parte de la célula criminal La Barredora, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras desempeñaba un cargo clave dentro del gobierno estatal de Tabasco. A pesar de ello, no fue removido del puesto hasta ya entrado 2024, lo que plantea serias dudas sobre el debido control político y las razones de su prolongada permanencia.

La crisis escaló en julio de 2025: la Fiscalía de Tabasco emitió una orden de aprehensión contra Bermúdez por delitos de asociación delictuosa, extorsión, secuestro y narcotráfico; la UIF congeló sus cuentas y activó una ficha roja de Interpol. En respuesta, la dirigencia de Morena protegió inicialmente a Adán Augusto: se rechazaron las acusaciones y se evitó que diera explicaciones públicas.

- ¿Por qué este caso exhibe un narcogobierno en ciernes?

Designar a una figura como Bermúdez —sin investigar sus presuntos vínculos criminales— constituye una omisión grave del Estado. La inteligencia militar ya lo señalaba como aliado del CJNG cuando Adán Augusto era gobernador (2019–2021), y aun así se mantuvo en un puesto sensible de seguridad pública. Esa tolerancia envía un mensaje claro: el poder público puede ser infiltrado e instrumentalizado por cárteles sin consecuencias visibles.

Sumado a esto, el hecho de que las organizaciones dentro de Morena cerraran filas alrededor de Adán Augusto, evitando que ofreciera una versión clara ante la ciudadanía, refleja una dinámica interna de pactos de impunidad. Ese blindaje político frente a acusaciones tan graves es parte del modus operandi del partido: proteger a sus integrantes más influyentes, incluso cuando están vinculados a redes criminales.

El caso Bermúdez no es un incidente aislado, sino una ventana al funcionamiento interno de Morena y su operatividad frente a posibles nexos criminales. Cuando líderes políticos permiten —o incluso ocultan— registros de colaboración con el narco, la línea entre Estado y crimen se desdibuja, pavimentando el camino hacia un narcogobierno cada vez más cimentado.

Este caso representa una de las crisis políticas y de seguridad más graves para México en los últimos años, no solo por la implicación directa de un alto funcionario en actividades delictivas, sino por el hecho de que Hernán Bermúdez Requena fue durante años el principal responsable de la seguridad en Tabasco, estado natal del expresidente López Obrador y donde gobernó su colaborador más cercano: Adán Augusto López Hernández. Bermúdez no solo tenía acceso a información estratégica, sino que operaba con libertad total, a pesar de que desde 2021 ya existían informes del Ejército que lo vinculaban con La Barredora, brazo operativo del CJNG. Su permanencia en el cargo —y el silencio institucional que lo rodeó— hace evidente que hubo protección política deliberada, lo que agrava aún más la situación.

Además, la cercanía de Adán Augusto con López Obrador no es menor ni circunstancial. Fue su secretario de Gobernación, su operador político en momentos clave y uno de los aspirantes presidenciales más visibles en la sucesión de Morena. Que un hombre de su círculo más íntimo esté relacionado con un funcionario ahora prófugo, acusado de narcotráfico, extorsión y secuestro, no puede ser minimizado como un “error de nombramiento”. Este escándalo expone las grietas del proyecto político de Morena, donde la lealtad política ha sido más valorada que la integridad institucional, incluso a costa de permitir que el crimen organizado se incruste en las estructuras del poder público.